La polémica por el uso de los fondos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) generó nuevos roces entre autoridades.
La decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí, insistió con su reclamo de mayor transparencia sobre los dineros de la casa de altos estudios. Además, responsabilizó a la conducción de la UNT porque -según su versión- desde hace un año están frenados los trámites para el alta de unos 100 docentes interinos. “La causa de nuestra postergación no es que la Universidad es grande, sino el destino que se asignó a los fondos universitarios en la actual gestión y en la anterior”, agregó Seguí. Y mencionó dos ejemplos: los recursos que giró Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y -según ella- dejaron de ser destinados a obras; y los fondos de salud, que “no fueron entregados a las facultades interesadas”.
Seguí salió al cruce de la rectora, Alicia Bardón, quien había formulado críticas hacia los funcionarios universitarios que hablan de poca transparencia en la UNT. “Se ha constituido en una práctica para hacer política poner en duda una gestión”, afirmó Bardón, en una entrevista publicada el lunes por LA GACETA. Expresó luego sus pretensiones de terminar con los interinatos. Y cuestionó a los decanos que son “afectos” a hacer este tipo de nombramientos. Sin nombrar a Seguí, dijo que cada autoridad debería constatar si hay dinero previsto para cubrir esos cargos.
Seguí aseguró que tanto Bardón como el director de Presupuesto, Rodolfo Succar, saben que desde la Facultad se cumplió con la conciliación presupuestaria. Según dijo, en cada caso cuentan con el informe emitido por el área técnica de la Facultad. “La verdad de todo es lo que la propia rectora confiesa: no están los fondos”, afirmó Seguí.
“La Universidad viene de una etapa marcada por la falta de transparencia en el manejo de fondos millonarios. Esto fue objeto de señalamientos por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), de la Auditoría General de la Nación (AGN), y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Además, fue tratado por el Consejo Superior”, agregó Seguí.
La decana explicó porqué considera que el manejo de fondos es irregular. “Además de las investigaciones judiciales pendientes, se ha detectado un faltante de rendiciones de cuenta por $ 77 millones del área Construcciones Universitarias, que sería de arrastre de varios ejercicios. Sé que se iba a iniciar un sumario”, afirmó. Al reclamo iniciado por la representante de Derecho se le sumaron otros cinco decanos. Con algunas variantes, todos hacen una solicitud similar al Rectorado: recategorizaciones y más presupuesto para reparaciones edilicias.
Contra un secretario
Seguí también salió al cruce del secretario de Políticas y Comunicación de la UNT, Hugo Saab. En una entrevista que este diario publicó ayer, el funcionario sembró dudas sobre los procesos de adjudicación para la biblioteca de Derecho y el bar Cúspide. “El procedimiento se ha llevado a cabo mediante una licitación pública nacional. Lo hicimos con absoluta legalidad y la dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT ha intervenido en la redacción del pliego”, dijo Seguí sobre la confitería. Respecto de la biblioteca, señaló que fue gestionada con fondos de la cooperadora, donaciones de graduados y que redujeron el presupuesto al mínimo. Recordó que Bardón estuvo en la inauguración.